La picaresca de Lazarillo de Tormes, lejos de remitir, con la crisis, aumenta. Cinco siglos después, y a pesar de la actual coyuntura, aquel esbozo irónico y despiadado de la sociedad del momento, de la que se muestran sus vicios y actitudes hipócritas, sería aplicable hoy en día, esta vez a una parte del mundo de la empresa. PwC, socio de la FEBF, revelaba hace unos días que casi la mitad de las compañías españolas, el 47%, reconocía haber sido víctima de algún tipo de fraude en los últimos 12 meses, frente al 34,5% declarado en 2009. Unos datos extraídos de la ‘Encuesta mundial sobre fraude y delito económico 2011’, basada en la consulta a 4.000 ejecutivos. Ante esta realidad, es preciso protegerse y detectar de dónde vienen las irregularidades, pero también promover una cultura de honestidad y moral.
Entre los delitos económicos más habituales a los que las empresas han de hacer frente, se encuentran apropiación indebida de activos, seguida de la manipulación contable, la corrupción y el soborno. Es destacable, además, un importante incremento de los delitos informáticos, que han llegado a representar en torno al 4% sobre el total de los casos de fraude sufridos por las empresas españolas en el último año. Esto supone que el cibercrimen ha aumento un 130% respecto al estudio de 2009.
Por desgracia, la minimización de costes por parte de las compañías, la escasez de recursos, las altas tasas de paro, junto con las difíciles circunstancias económicas por las que atraviesa España, conforman un caldo de cultivo perfecto para la proliferación de los delitos económicos. Esta problemática, sin embargo, no afecta sólo a nuestro país. Según estudios realizados por la Asociación de Profesionales Certificados de la Investigación Contra el Fraude (ACFE), la mayor vulnerabilidad de las empresas, derivada del recorte de gastos en materia de seguridad, hace que aumente la corrupción en los países más ricos. Desde esta entidad, sostienen que en Europa se pierden al año 120 millones de euros por estos motivos, lo que equivale al 1% del PIB de los 27 países miembros.
Volviendo al estudio de PwC, la picaresca trasladada al mundo de la empresa española viene de la mano de los propios empleados de las compañías, y sólo el 17,5% de estos fraudes se corresponde con autores externos. En nuestro país, los delitos internos son realizados fundamentalmente por la alta dirección y por los mandos intermedios. Por el contrario, en la zona euro, a nivel global, el 30% de fechorías internas son cometidas por los empleados más jóvenes o recién incorporados.
Esto hace necesario que se incrementen los esfuerzos en el fomento de la responsabilidad cívica de las empresas y de las propias personas, implantando en las organizaciones una cultura corporativa adecuada, marcando unas pautas de conducta claras y unos valores concretos, fomentado la colaboración de todos los empleados en la prevención y detección del fraude, y minimizando el riesgo de comisión de delitos. En definitiva, poner barreras y crear valores comunes por el bien de todos.
Artículo publicado en el semanal El Mercantil Valenciano del Levante-EMV por Maite Montalt Company, Departamento de Comunicación y Formación de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros
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